Acusan trabas en la política de almacenamiento por un mayor control de Nahle en el sector. Las consecuencias en Pemex.

Permisionarios gasolineros aseguran que la política de almacenamiento mínimo de petrolífero se encuentra en la indefinición, consecuencia de una serie de incumplimientos de Pemex y de la misma CRE, lo que pone en riesgo a los jugadores privados del sector de recibir duras sanciones a inicios de 2021 y que, de ocurrir, terminaría impactando duramente en la petrolera estatal, entre otras consecuencias adversas para el mercado.

De momento, distribuidores y comercializadores aseguran que se encuentran en la incapacidad de cumplir con sus obligaciones a falta de una respuesta de la petrolera mexicana y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), una problemática enmarcada en el giro de política energética y las alertas que surgen desde el mercado del control que está tomando la SENER sobre el sector gasolinero.

Sucede que el pasado 1° de julio entró en vigor ducha política. Desde entonces, Pemex garantizó que en 90 días se formalizarían los contratos de almacenamiento por cinco días -como establece la ley- conocidos como tickets. “Ese plazo se agotó el 30 de septiembre y hasta la fecha no ha habido ningún pronunciamiento de Pemex ni para firmar el contrato, ni para decirles cuál es el estatus”.

“Entonces, los permisionarios están incumpliendo porque ellos se quedaron con una carta de intención por parte de Pemex donde les dijo que iban a formalizar, pero al día de hoy no han formalizado”, agregó Díaz, explicando que ha dejado en la incertidumbre la posibilidad cumplimiento por parte de los permisionarios, lo que traería como consecuencia que el órgano regulador (CRE) pueda emitir sanciones eventualmente.

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Esta política surgió en 2017 bajo la finalidad de generar una seguridad de suficiencia energética respecto de los petrolíferos, pero bajo la administración de López Obrador, el control de Nahle y los nuevos comisionados al frente de la comisión reguladora, han surgido complicaciones relacionados con falta de claridad en las reglas secundarias, explican players del sector. El escenario se complejiza toda vez que Pemex tiene cada vez menos recursos para infraestructura de almacenamiento, en tanto que las empresas privadas con terminales son muy pocas (a penas 6).

Para Díaz, en coincidencia con otros expertos, podría tratarse de una falta de conocimiento de Pemex de la capacidad y demanda que existe realmente en el país. En la misma línea, el analista independiente, Arturo Carranza señala: “Está generando un cuello de botella y eso está retrasando la posibilidad de que el mercado se desarrolle a pasos más rápidos”.

Para Carranza, es crucial también entender lo que está ocurriendo en el marco de la política que está implementando la 4T para fortalecer a Pemex: “Y en ese interés sobre los combustibles, podría poner en riesgo el suministro de energéticos”, afirmó.

Es decir, la problemática va más allá de una carencia de planeación por parte de la empresa estatal: “Esta es una forma muy subliminal de cómo la Sener ha ido permeando para hacerse del control de petrolíferos”, explicó al respecto Santiago Arroyo, de Ursus Energy.

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Cabe recordar que son alertas que se han encendido a lo largo de esta administración. Basta recordar el último recorte de 40% personal de la CRE en junio. Más allá del discurso de austeridad, en el mercado se entendió como una reestructura que permitiría a la SENER tomar mayor control. Desde la COFECE también se acusó a Nahle de frenar permisos gasolineros, en un reporte emitido en octubre.

Las consecuencias de esta problemática son varias, en opinión de los expertos consultados. Una de ellas, serían las sanciones a los permisionarios. “Hacia enero o febrero vamos a ver un cortadero de cabezas, que implicarían revocaciones de permisos, pues son parte de las condiciones adicionales al artículo 84 de la ley de hidrocarburos”, señaló Arroyo.

En ese escenario, el golpe sería directamente para Pemex, explica el experto, recordando que ¾ partes del producto que vende a nivel nacional, lo mueve a través de permisionarios. “Implicaría una crisis de colocación de producto y no tendrías a quien acudir, y ahí, se correría el riesgo de caer en corrupción”, agregó. Además, a largo plazo, se anticipa la falta de desarrollo del mercado. 

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Fuente: LaPoliticaOnline

Fecha: 8/Noviembre/2020

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